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PAV - 065
VIOLENCIA, DELITO, CULTURA POLÍTICA, SOCIABILIDAD y SEGURIDAD PÚBLICA en CONGLOMERADOS URBANOS.

Instituciones participantes en la red:
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As.
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Tucumán
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Presentación

El territorio de los estudios de violencia, sociabilidad, delito y seguridad pública en la Argentina se halla significativamente despoblado. Como en realidad en muchos otros aspectos, las ciencias sociales en Argentina han abordado escasamente esta problemática careciendo entonces de un cuerpo establecido de especialistas, de tradiciones disciplinares claras sobre las que conformar equipos y proyectos y de recursos bibliográficos o de cualquier tipo sobre los que montar una investigación. Se trata efectivamente y sin cortapisas de una Area de Vacancia. Por esta misma razón, la conformación del equipo de profesionales para comenzar a realizar investigaciones en esta área ha requerido de una compleja ingeniería. Un paneo inicial de alternativas nos mostró rápidamente que no existía en la Argentina un cantidad de especialistas suficientes y simétricamente distribuidos como para conformar grupos que incluyeran una masa crítica de investigadores activos, formados, publicando y especializados en la temática. En lugar de la parálisis, que mantendría las carencias presentes, escogimos el camino de convocar a personas destacadas en campos relativamente cercanos o articulados de diversas formas con las temáticas de este proyecto. En otros casos, decidimos incorporar investigadores jóvenes, aún en proceso de consolidación profesional, pero que habían abordado decididamente este campo y que nos parecían capaces de conducir exitosamente proyectos particulares e integrar productivamente los suproyectos en sus respectivas sedes. Es así que ha quedado constituido un grupo multidisciplinar de investigadores, provenientes de la geografía, el derecho, la antropología, la sociología, el trabajo social y con perfiles de investigación diversos que van desde los estudios migratorios, la exploración del sistema educativo, el análisis del sistema legal y también los estudios de violencia urbana. En un país o región en donde los estudios sobre violencia, delito, etc. estuvieran ampliamente desarrollados posiblemente esta situación no sería la ideal. Pero en un contexto como el nuestro, en el que no existen aún verdaderas tradiciones, el acercamiento de personas con perfíles distintos a la problemática de la violencia parece un punto de partida apropiado para sentar bases en distintas disciplinas y campos de estudio, tal vez iniciando una nueva tradición que fructifique en varios de ellos.
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PROBLEMAS Y OBJETIVOS

En la última década el delito se ha instalado en la Argentina como ineludible problema social. Tanto la inusitada atención que los medios prestan a la cuestión, como su aparición recurrente en las campañas políticas, indican que el crecimiento del delito preocupa y mucho a la sociedad argentina. Esta emergencia del delito como problema social no responde a un sólo orden de factores causales, sino que intervienen en su construcción tanto elementos de orden objetivo como subjetivo. Del lado de las tendencias objetivas podrían indicarse un pronunciado crecimiento de las tasas delictivas vinculadas a las transformaciones sufridas por la estructura social desde mediados de los setenta. Sumariamente, el crecimiento del desempleo, el empobrecimiento consecuente y las crisis que esto produjo en algunas de las instituciones socializadoras tradicionales (como la escuela, la familia, el trabajo y las relaciones vecinales de reciprocidad) han favorecido la proliferación del delito. Un segundo grupo de procesos que contribuyen al crecimiento del delito ocurren por la particular historia y tradiciones de las agencias estatales de seguridad, más las formas en que el sistema judicial y político se han articulado con estas, produciendo una suerte de sistema de recaudación paralelo basado en relaciones cuasi-feudales con el mundo del delito. Esta forma de organización corporativa promueve delitos tanto por que incurre en la violación de los derechos ciudadanos, como por que da lugar a la comisión de delitos comunes por las supuestas ‘fuerzas del orden’ (Míguez-Isla, 2003). Pero la mera ocurrencia de estos fenómenos no determina que sean percibidos como verdaderos problemas por la sociedad. Hay una distancia entre la mera ocurrencia de un hecho social y la manera en que el cuerpo social toma conciencia de él y lo pondera.

Como lo mostraron tempranamente algunos estudios de las ciencias sociales (Cohen, 1972; Hall, et al., 1978) es la percepción que se construye sobre un determinado proceso social lo que lo transforma en un problema acuciante, en algo que preocupa a la sociedad y que consecuentemente esta intenta ‘resolver’. En esta vena, y pensando en la Argentina actual, uno podría preguntarse por qué son ciertas formas del delito como el robo a mano armada, el homicidio en ocasión de robo y los distintos tipos de secuestros, los que se han transformado en verdaderos problemas sociales. Por que si bien es cierto que, tal como lo sugieren diversas fuentes estadísticas (se exponen luego), estas formas del delito han proliferado significativamente, las tasas de mortalidad muestran que es mucho más probable morir o sufrir lesiones en un accidente de tránsito que en un asalto a mano armada. Sin embargo, la población reclama prioritariamente soluciones al problema de la ‘seguridad pública’ y solo secundariamente el ordenamiento del tránsito local. En el mismo sentido podemos preguntarnos por qué son estas formas del delito las que la población percibe como más graves, cuando es posible que otras formas de transgresión como las estafas al Estado, la corrupción de los funcionarios, etc. produzcan todavía mayor daño al cuerpo social que los atentados ocasionales contra la propiedad privada que comete algún delincuente común.

En esta sintonía es que también debemos entender el debate sordo, pero también a veces estridente y mediático, respecto a la definición de ‘seguridad pública’ y a las propuestas en torno de su implementación. Así como alrededor de la noción de ‘violencia’ se desarolla una controversia teórica en las ciencias sociales que llega hasta nuestros días (por ej. Schröder and Schmidt: 2001; o Beaud et Pialoux, 2003), también se registran diferentes posiciones sobre los alcances de lo que comprende la idea de ‘seguridad pública’. Sin entrar a profundizar en este lugar, las implicancias de esas posiciones - que serán discutidas y analizadas por varios de los investigadores bajo la temática ‘modelos de prevención’- debemos puntualizar que estamos entendiendo "seguridad pública" en el sentido amplio de los derechos tanto políticos, como sociales, que constituyen la ciudadanía. De esta forma nos ubicamos en las antípodas de quienes entienden el problema de la ‘seguridad pública’ desde la única perspectiva de garantizar la ‘seguridad física de personas y bienes’ proponiendo una represión más eficaz sobre contraventores y delincuentes. A esta concepción que se popularizó bajo el nombre de teoría de la ‘ventana rota’ y de la ‘tolerancia cero’ (por ej. Bratton and Knobler, 1998) se le opusieron modelos y experiencias más integrales en los EU - Francia (Donzelot, 2003) y en otros países del mundo altamente industrializado como Canadá (Brodeur, 1999). Esta es una problemática central en esta propuesta de investigación, pues conduce con los diagnósticos que se elaboran en paralelo, a elaborar programas nuevos o correctivos de políticas públicas en el terreno de la prevención del delito. Estamos en condiciones de adelantar que entendemos ‘la violencia’ (la ‘delictiva’ o cualquiera de sus formas) como procesos multidimensionales complejos, y entonces su remedio será también un proceso sociocultural complejo.

De esta forma podemos concluir entonces que el surgimiento de ciertas formas de delito como problema social no es producto de la evolución de las tasas delictivas per se, sino de la percepción que de ellas ha desarrollado la sociedad. Esto implica que entender el crecimiento del delito como ‘problema’ de la sociedad argentina nos obliga a estudiar, además de los procesos estructurales e institucionales mencionados, la compleja interacción entre los medios masivos de comunicación, la sociedad civil y los actores políticos que van proponiendo lecturas particulares de las tendencias objetivas influenciando (sin determinarla por completo) el estado de la opinión pública. Así, una investigación que se proponga comprender el problema del delito en la Argentina debe abordar al menos tres tipos de procesos:

i)Los efectos de la transformación de la estructura social en los estilos de vida de la población, particularmente sus efectos sobre la capacidad socializadora de instituciones tradicionales. Al mismo tiempo, las respuestas que se han ido generando desde los actores sociales y las nuevas formas de la cultura política que enmarcan esas respuestas.

ii)La cultura, historia y prácticas de las agencias estatales de seguridad y sus articulaciones con el sistema político y judicial.

iii) El estado de la opinión pública, considerando la interacción entre medios, agentes estatales y sociedad civil.

Un proyecto ambicioso como este enfrenta inmediatamente una serie de problemas referidos al estado actual de la investigación en el país. La Argentina posee una muy escasa tradición en estudios sociológicos o antropológicos del delito. La mayor parte de los estudios se han desarrollado desde una perspectiva legal, concentrándose en reformas a la ley y en algunos casos en la alteración de las organizaciones penales o judiciales para ajustarse a los nuevos marcos legislativos. Existen menos estudios desde las perspectivas de la sociología de la desviación, criminología cultural o antropología de la violencia, que abordan la cuestión desde los procesos sociales en lugar de desde los marcos legales. Esto redunda en una serie de déficits en el conocimiento:

a)Se carecen aún de fuentes estadísticas plenamente confiables o con coberturas exhaustivas. Como se muestra en una sección posterior, las principales fuentes estadísticas o bien contienen sesgos significativos o son de elaboración reciente, restringidas en cuanto a sus series temporales y su extensión territorial. Así, si bien estas permiten captar tendencias generales y trazar algunas comparaciones regionales, lo hacen de manera muy imprecisa y limitada. En particular, nos preocupan las limitaciones de las fuentes estadísticas actuales para captar las diferencias entre lo que ocurre en pequeños y grandes conglomerados urbanos, así como también las diferencias existentes entre distintos sectores sociales y enclaves urbanos particulares. En concreto, las fuentes estadísticas actuales ofrecen respuestas limitadas a preguntas del estilo: ¿El delito afecta por igual a ciudades grandes y pequeñas? ¿Dentro de una misma ciudad se manifiestan diferencias entre distintas zonas urbanas? ¿Son igualmente victimizados ricos y pobres en la comisión de delitos?

b) Desde el punto de vista de las teorías explicativas, varios de quienes hemos investigado la proliferación de los delitos contra la propiedad y las personas en las últimas décadas encontramos relaciones entre el crecimiento del desempleo, la pobreza y la proliferación de transgresiones. Sin embargo, el estado de la investigación sobre el tema solo permite establecer articulaciones causales muy genéricas, sin lograr precisiones acerca de cuánto del crecimiento delictivo efectivamente se explica por la expansión del desempleo y la pobreza, y exactamente cómo opera ese vínculo causal. Faltan fuentes y estudios estadísticos que permitan establecer, claramente, mediante análisis multivariados, cómo se asocian estos fenómenos y si estas asociaciones (vinculado a ‘a’) presentan contrastes regionales o entre sectores sociales.

c) Un tercer campo deficitario son los estudios sistemáticos y rigurosos sobre las políticas públicas y agencias estatales destinadas a abordar el ‘problema del delito’. Poco se ha hecho desde el análisis sociológico o antropológico por conocer las dinámicas internas de los ámbitos carcelarios, de los institutos de menores, de las instituciones policiales, del accionar judicial, y de las organizaciones tutelares que supuestamente previenen, reprimen y/o reintegran socialmente a quienes transgreden la ley en la Argentina. La carencia de este tipo de estudios dificulta la comprensión sobre las posibilidades de este tipo de instituciones de actuar sin violar garantías constitucionales, y los derechos civiles y sociales de la población bajo su influencia. Y, sobre cuáles transformaciones serían necesarias para lograr el respeto a los derechos humanos de encausados y población en alto riesgo social. En este campo existen algunas iniciativas que se mencionan más adelante, pero se trata aún de esfuerzos aislados de algunos investigadores particulares. No puede afirmarse que exista localmente una tradición académica de estudios sobre el tema que haya dado lugar a un cuerpo de conocimientos que actúen como referencias básicas a la hora de abordarlos.

d) Otro campo problemático en términos del grado de desarrollo del conocimiento se refiere a la acción de los medios y conformación de la opinión pública. Existen para el caso argentino algunos estudios aislados (Arfuch, 1997) sobre cómo los medios presentan la cuestión del delito, y algunas teorías basadas predominantemente en ejercicios especulativos sobre los efectos de los medios en la opinión pública (usualmente suponiendo un efecto unilateral de estigmatización de los pobres y marginales) pero no hay aún relevamientos sistemáticos y explicaciones rigurosas sobre cómo se están desarrollando los procesos de construcción de la opinión pública sobre estos temas.

e) Finalmente, se carece de una tradición que articule la investigación con la gestión de políticas públicas destinadas a la prevención del delito y reintegración social de los delincuentes. Se podría afirmar que en el caso Argentino la poca investigación existente sobre el tema y la formulación e implementación de políticas públicas han recorrido caminos separados. Esto marca una pronunciada diferencia con otros lugares, por ejemplo Canadá o Gran Bretaña, en los que existe una larga tradición de articular la investigación científica y la gestión pública. Con las salvedades a que posiblemente obliguen las diferencias entre estas naciones y la nuestra, las experiencias de combinar política pública e investigación científica muestran que esto permite un círculo enriquecedor para ambos componentes: la investigación ha hecho progresos interesantes, y las políticas públicas han mejorado su eficacia en términos de reducir los niveles de violencia, estigmatización y transgresión en enclaves urbanos marginales. En este campo podría decirse que además de carecer de ‘tradiciones’ de articulación entre política pública o social e investigación, se nota además la ausencia de verdaderos centros de investigación y docencia dedicados a estas temáticas que facilitarían dicha vinculación.
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Objetivos Generales

El estado de cosas en la Argentina hace imposible subsanar las dificultades en un solo proyecto por más ambicioso y riguroso que este sea. La acumulación de conocimiento y creación de tradiciones de intercambio que se requiere para resolver los problemas antes mencionados exigirá varias décadas de producción, acumulación y divulgación de conocimiento, más un prolongado proceso de construcción institucional. Sin embargo, si es posible en un proyecto de estas dimensiones establecer bases sólidas sobre las que esos conocimientos y tradiciones pueden cimentarse.

De manera que teniendo en cuenta este estado de cosas, el presente proyecto se propone los siguientes objetivos, subdivididos en 3 capítulos:

I. Investigación y diagnóstico.

a) Diseñar e implementar una encuesta que permita captar con precisión las relaciones entre empobrecimiento, desempleo, desestructuración de los lazos sociales y victimización 1). Además la encuesta permitirá medir la legitimidad de las instituciones públicas (policía, sistema judicial y político) a nivel local. La encuesta se aplicará en 6 ciudades de la Argentina que de acuerdo a algunas fuentes existentes poseen tasas de delito diferenciadas, permitiendo establecer comparaciones entre diversos enclaves urbanos y sectores socioeconómicos diferenciados al interior de cada una de las ciudades consideradas. De esa forma la encuesta permitirá subsanar algunas de las limitaciones mencionadas en el pto. ‘a’ y ‘b’ de la sección anterior. Como parte de esta actividad se creará un instrumento (cuestionario, diseño de cruces entre variables, etc.) que permitirá replicar el estudio en otros ámbitos urbanos del país, y que, junto con los resultados de la encuesta, se pondrá a disposición de los organismos oficiales (Subsecretaría de Política Criminal y Secretaría de Derechos Humanos, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación) con los cuales se han establecido convenios de colaboración. Esto constituirá una de las formas en que el presente proyecto se propone cimentar bases de articulación entre instituciones dedicadas a la investigación científica y organismos destinados a la gestión de políticas públicas.

b) Completar –ya se han hecho varios-- estudios etnográficos en enclaves urbanos en condiciones de alto riesgo social (villas, barrios de monoblocks, etc.) con una triple finalidad. Primero, comprender por aproximación etnográfica las articulaciones entre pobreza, formaciones culturales, sociabilidad y violencia (ver secciones posteriores del proyecto), observando fundamentalmente la manera en que se desarrollan los sistemas de reciprocidad vecinal en esos enclaves urbanos, las relaciones entre sus habitantes y las instituciones intermedias (escuelas, asociaciones vecinales, etc.) y entre los primeros y las organizaciones públicas (fundamentalmente policiales y políticas) Segundo, este estudio antecederá la aplicación de la encuesta mencionada en el pto. ‘a’, permitiendo la aplicación de la misma en ámbitos urbanos en los que usualmente es difícil hacerlo. El trabajo etnográfico comprenderá así el proceso de formación de encuestadores locales que trabajarán dentro de estos ámbitos de alto riesgo social, y que además como instancia previa a la aplicación de la encuesta permitirán adaptar el instrumento de recolección (cuestionario) a las modalidades lexicales y culturales de esos enclaves. Esta estrategia esta destinada a reducir lo máximo posible los niveles de rechazo y los sesgos por incomprensión y/o desconfianza que suelen ocurrir al aplicar encuestas en estos ámbitos particulares de la ciudad. Tercero, y en un plano más abstracto, la aplicación de una encuesta en ámbitos donde se ha hecho etnografía permitirá explorar las posibilidades de la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos en la producción de conocimiento en las ciencias sociales, dando lugar a contribuciones más genéricas en el plano metodológico.

c) Estudiar la manera en que los medios reflejan el fenómeno delictivo. Este trabajo estará destinado a intentar comprender cómo se conforma la percepción pública sobre el fenómeno de la delincuencia, tratando de develar algunas de las preguntas anteriores: por qué ciertas formas de delito adquieren mayor relevancia que otros y, a su vez, cuáles podrían ser las estrategias comunicativas de los funcionarios públicos que permitan una mejor comprensión del tema por parte de la opinión pública.

II. Formación de Recursos Humanos

d) Formar recursos humanos en el área temática y conformar un centro de investigación y docencia especializado en violencia, sociabilidad y políticas públicas. El proyecto comprende la formación de recursos humanos mediante varias estrategias. Por un lado, se contempla otorgar becas de postgrado que permitan la especialización mediante la realización de maestrías y doctorados de investigadores jóvenes. Por otro, se promoverá la actualización de investigadores formados mediante la visita de expertos internacional y por la concurrencia de los integrantes del proyecto a centros especializados de reputación internacional. El proceso de formación de recursos humanos concluirá en la creación de un Centro de Estudios sobre Violencia, Cultura Política, Sociabilidad y Políticas Públicas destinado a la docencia, la investigación y la transferencia de conocimientos a las agencias públicas dedicadas a la conducción de las organizaciones estatales de seguridad y a la gestión de políticas sociales en el área. Este centro radicado en FLACSO, pero en red con los demás núcleos del PAV- 065, incorporará como investigadores y docentes a los becarios una vez que hayan concluido sus estudios de posgrado, y actuará con dos finalidades específicas: En primer lugar crear una especialización de posgrado sobre temáticas que relacionen Violencia, Sociabilidad y Cultura con Derechos Humanos. Esto se realizará en un programa ad hoc en coordinación con la Cátedra de Derechos Humanos. Esta Cátedra funciona a partir de un convenio celebrado entre la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación y FLACSO. En segundo lugar este centro debe producir conocimiento sobre temas pertinentes al diseño y gestión de políticas públicas que apunten a mejorar la calidad institucional de las agencias de seguridad y a elaborar, como evaluar modelos de prevención del delito.

III. Modelos de Prevención.

e) Realizar estudios de casos sobre programas específicos que formen parte de las políticas públicas destinadas a la prevención del delito y de agencias del sistema penal, policial y judicial. Estos estudios estarán destinados a diseñar y evaluar modelos de prevención del delito, que tomen en cuenta a la sociedad, mediante sus formas de representación (foros vecinales, juntas comunales, etc.) y a las agencias de seguridad del Estado. Uno de los resultados esperados de este objetivo es el producir información que permita ponderar la capacidad preventiva o reintegradora de programas y/o agencias estatales, como también observar el grado de respeto a los derechos de ciudadanía dentro de agencias como cárceles, institutos de menores. La investigación comprenderá en algunos casos la modalidad de ‘investigación participante’, que no solo implica la producción de información sobre la implementación de políticas, sino la puesta a prueba de modelos de prevención en experiencias piloto, de forma tal de poder ofrecer a las organizaciones beneficiaras detalles sobre posibles programas de prevención del delito y su efectividad en la reintegración social y preservación de la identidad ciudadana y de los derechos que la sustentan. Una limitación en la implementación de este tipo de estudios es que difícilmente puedan hacerse de manera sistemática, replicando estudios análogos en cada sede del proyecto que den lugar a comparaciones entre las experiencias de los distintos núcleos de investigación (como sí será el caso de la encuesta y los trabajos etnográficos). Esto se debe a que no existen estructuras institucionales análogas entre las distintas regiones del país, a que las políticas publicas también difieren y a que el acceso a las agencias públicas es bastante azaroso, dependiendo de la buena disponibilidad de las autoridades locales. No obstante, aún con cierta asistematicidad, la exploración de estos ámbitos y casos, permitirá registrar experiencias muy ricas que serán confrontadas con modelos teóricos, para su discusión y rediseño de políticas publicas de prevención.

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Objetivos Específicos y Núcleos de Investigación.

El proyecto será llevado adelante por cinco núcleos de investigación, conectados en red, radicados en cinco sedes académicas distintas: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ciudad de Bs. As.), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Mendoza y Universidad Nacional de Tucumán. A su vez, a nivel nacional contamos con el apoyo y colaboración de la Subsecretaría Nacional de Política Criminal y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. También varias instituciones de Estados provinciales y municipales avalan las iniciativas de este PAV. En cada núcleo académico se llevará adelante parte del proyecto central que articula los centros en por los menos una actividad común, que consiste en la aplicación y análisis de la encuesta y la realización de las etnografías mencionadas como objetivos a y b de la sección precedente. Más allá de esto, cada una de las sedes llevará adelante proyectos específicos comprendidos en alguno de los otros puntos antemencionados.

Subproyecto 1: "Representaciones, Violencia delictiva y modelos de prevención. El rol de los medios de comunicación". El núcleo radicado en FLACSO tendrá a su cargo la implementación de la encuesta y la realización de estudios etnográficos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano (particularmente el partido de Quilmes). Además se implementará desde allí el estudio de los medios de comunicación dirigido por Alberto Quevedo y Daniel Scarfó y el análisis de modelos de prevención a cargo de Carlos María Vilas.

Subproyecto 2: “Violencia, sociabilidad, cultura y políticas públicas: Estrategias comunitarias e institucionales para la prevención del delito y la marginalidad”. El núcleo radicado en la Universidad Nacional del Centro tendrá a su cargo la implementación de la encuesta y la etnografía en la ciudad de Tandil. Además desde allí se conducirán estudios sobre la violencia en el sistema educativo, estrategias de evitación y gestión del conflicto en organizaciones comunitarias y redes vecinales y sobre las políticas públicas en el área de minoridad.

Suproyecto 3: “Etnografías de las violencias. Siete estudios sobre la violencia y el delito en el interior del país” El núcleo de la Universidad Nacional de Córdoba, realizará estudios etnográficos sobre: a) las relaciones entre carreros y policías en la ciudad de Córdoba, b) Elites y violencia en Santiago del Estero; c) jóvenes que estudian y delinquen en la ciudad de Córdoba: drogas, violencia y delincuencia en Córdoba, d) prácticas y representaciones de los agentes policiales en sus rutinas de control de sectores marginados en la ciudad Córdoba; y e) jóvenes “delincuentes”, sus familias y el sistema judicial.

Subproyecto 4: “Hacia la seguridad como un bien público en Mendoza”. El núcleo radicado en la Universidad Nacional de Cuyo se concentrará en la aplicación de la encuesta y estudio etnográfico en la Ciudad de Mendoza. Además abordará otras problemáticas como Los roles del mercado laboral en el proceso de integración social y su vinculación con la pobreza y la violencia. Y un estudio sobre niños y adolescentes vulnerables en Mendoza.

Subproyecto 5: Delincuencia, control social, justicia penal e institución carcelaria. Prácticas y representaciones en torno al incremento del delito. El núcleo estará radicado en la Universidad Nacional de Tucumán, implementándose estudios etnográficos y la encuesta en la zona de Villa Muñeca en San Miguel de Tucumán, además de conducir un estudio sobre la población procesada y/o penada, en cárceles provinciales, así como las condiciones de detención y el respeto de los derechos humanos en las mismas. También se evaluará un programa recién implementado con la policía de la provincia: "Patrullas Urbanas de Prevención" (PUP)

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